NACIONES UNIDAS, 9 feb (NNN-CUBADEBATE) — Expertos de la ONU instaron el jueves a Estados Unidos a revisar su marco nacional, que desencadena sanciones específicas contra los Estados designados como patrocinadores del terrorismo (SST, por sus siglas en inglés).
En la actualidad, cuatro países —la República de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, la República Islámica de Irán y la República Árabe Siria— figuran en esta lista del Departamento de Estado estadounidense, a los que se imponen restricciones adicionales debido a la designación.
“La propia designación unilateral va en contra de los principios fundamentales del derecho internacional, incluido el principio de igualdad soberana de los Estados, la prohibición de intervenir en los asuntos internos de los Estados y el principio de solución pacífica de las controversias internacionales”, afirmaron.
También recordaron que estos principios constituyen normas imperativas de derecho internacional universalmente reconocidas.
Los expertos firmantes del comunicado son Alena Douhan, relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos; Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación; Attiya Waris, experta independiente sobre deuda externa, otras obligaciones financieras internacionales y derechos humanos; Cecilia M. Bailliet, experta independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional, y Livingstone Sewanyana, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier Gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
“Los derechos humanos fundamentales, incluidos el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, los derechos económicos y sociales, el derecho a la vida y el derecho al desarrollo, se ven afectados negativamente por las restricciones y prohibiciones adicionales desencadenadas” por la inclusión en la lista, señalaron.
Según los expertos, “el proceso a través del cual se realiza la designación es poco claro y poco transparente. Los actos legislativos estadounidenses pertinentes exacerban el miedo y la incertidumbre, y establecen o refuerzan el exceso de cumplimiento entre los actores humanitarios y de otro tipo que puedan desear entablar relaciones u operar en el territorio del país designado.
“La designación afecta especialmente a países ya sometidos a otras medidas coercitivas unilaterales y tiene potenciales repercusiones catastróficas en el ámbito humanitario y de los derechos humanos”.
Los expertos ya han expresado anteriormente su preocupación por las repercusiones negativas de un cumplimiento excesivo de las normas por parte del Gobierno estadounidense.
Las restricciones adicionales y las sanciones unilaterales de la lista crean un efecto amedrentador, bloqueando el acceso a los países designados.
“Este aislamiento total del Estado designado como patrocinador del terrorismo puede afectar negativamente a la entrega de bienes esenciales, como alimentos, medicinas, equipos médicos y otros suministros, incluidos los bienes humanitarios en virtud de las resoluciones humanitarias del Consejo de Seguridad de la ONU”, advirtieron.
“Instamos a Estados Unidos a cumplir plenamente sus obligaciones internacionales, también extraterritorialmente”.
También pidieron al Gobierno estadounidense que revise por completo el actual marco de designaciones de países patrocinadores del terrorismo, dejándolo dentro de la autoridad del Consejo de Seguridad de la ONU, tal y como establece la Carta de las Naciones Unidas.
A la espera de su supresión, Estados Unidos debe tomar medidas para evitar repercusiones humanitarias negativas, señalaron.
Los expertos se han puesto en contacto con el Gobierno de Estados Unidos sobre esta cuestión.
— NNN-CUBADEBATE
